Artículo de opinión
Pedro San Ginés Gutiérrez. Ex presidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz adjunto del Grupo Nacionalista (CC-PNC)
Como sabrán, el juzgado de instrucción n.º 2 de Arrecife ha vuelto a abrirme juicio oral por falsa denuncia y falso testimonio precisamente a mí, cuando ni yo puse la denuncia, ni mi testimonio fue sustancial en la instrucción del caso “ Cocinas en los CACT”.
Vea los documentos que acreditan cuanto revelo en esta segunda entrega, y continúen leyendo las durísimas declaraciones del director económico y financiero de los CACT sobre la falta de contratos en pagos millonarios a las 3 empresas vinculadas a la denunciante, en un caso en el que estuvieron diez años imputados y larvando su odio Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo, hoy jefes del gabinete de Presidencia y Prensa de Dolores Corujo, respectivamente.
En el primer capítulo de esta serie reproduje las duras declaraciones de dicho director, por el aparentemente delictivo modus operandi de Carlos Espino, tras la denuncia de Ástrid Pérez contra él por acuerdo del Consejo de Administración de los CACT primero, y luego ampliada motu proprio a Mario Alberto Perdomo, entre otros, y en la que también se denunciaba la falta de contratos en los pagos a una empresa de los “hermanos Acosta”.
La perplejidad de mi imputación se fundamenta en que yo en mi testifical ante la Guardia Civil, y en el documento que aporté como borrador de una denuncia que nunca puse, a la única empresa que cito -de las 5 referidas en este artículo- es a Climafrical. Las otras dos del mismo administrador, la de Mario Alberto Perdomo y la de los hermanos Acosta, las añade la querella de Ástrid Pérez de la que yo no participé en nada. Lo aclaro porque la denunciante, sin duda por indicaciones del entorno de Dolores Corujo, dice en su demanda que el documento aportado por mí y la denuncia de Ástrid Pérez son idénticas.
Terminé la anterior entrega de esta serie reproduciendo la siguiente declaración del director económico y financiero de los CACT: “Que antes de la moción de censura se realizan pagos y pagarés, la mayoría para pagar a Climafrical y a empresas de su administrador”.
Pues bien, al respecto más tarde declaró lo siguiente ante el juez, tal y como consta en las actas: “Que ante el retraso en los cobros por X (el administrador fallecido de Climafrical S.L., Instalaciones y promociones Govi S.L, y Castillo del Berrugo S.L.), Espino no le sugirió al declarante que se siguiera el mismo procedimiento…” (el habitual)…”Que lo que Carlos le dijo fue que a ver si se podían pagar los pagarés porque si venía una corporación nueva podían haber retrasos en el pago de las facturas a X” “ Que Carlos fue quien ordenó que se emitieran los pagarés a favor de las empresas de X” (Vea el informe DOC 1 elaborado por el director y dirigido a Ástrid Pérez, aportado en su denuncia).
Conviene aclarar que los CACT, nunca jamás, ni antes, ni durante, ni después han utilizado pagarés como fórmula de pago, por no considerarse instrumento adecuado de pago en la administración de un ente público.
Pero lo más grave de todo, es que además, el director emitió un demoledor informe dirigido también a Ástrid Pérez (vea el documento adjunto DOC 2) aportado igualmente a la causa, certificando que ni Govi SL., ni El Berrugo S.L. tenían contrato alguno, a pesar de lo cual facturaron y cobraron nada menos que 159.112€ y 155.329€ respectivamente, y que la única que lo tenía era Climafrical (por algo más de 200.000€, pero facturó casi 400.000€) para obras en la cocina de Jameos, pero que además de en Jameos facturó sin contrato 150.284 € en el Monumento al Campesino, o 158.978€ en las Montañas del Fuego, por poner solo algunos ejemplos de lo mucho que facturó sin cobertura contractual.
Para colmo de indicios, si la falta de contratos fuera poco, un peritaje judicial (vea el documento adjunto DOC 3) certificó sobrecostes de al menos 174.270€ sobre los precios de mercado en las tres empresas concernidas, a razón de 138.623€ en el caso de Climafrical SL, de 9.402€ en el caso de Promociones Govi SL , y de 26.244€ en el caso de Berrugo SL, revelando entre otras cosas, la falta de contratos o “conceptos ambiguos y abstractos” en las tres empresas, que “impiden determinar si existen o se han realizado los trabajos y en qué han consistido”.
Continuará: Con otros pagos realizados sin contrato a empresas de los “hermanos Acosta”, propietarios de La Voz de Lanzarote y Radio Lanzarote y a Mario Alberto Perdomo, hoy jefe de prensa de Dolores Corujo, entonces asesor a sueldo de Espino en los CACT.
