Por cuestión ideológica, y como principio general, siempre he considerado mi participación en política como una oportunidad de luchar a través de la responsabilidad pública por unas condiciones dignas de vida para las personas más vulnerables y sus derechos, la reducción de las desigualdades y el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
Ostentar una responsabilidad pública significa tomar decisiones y marcar la hoja de ruta, la planificación de los pasos a transitar en la construcción de una sociedad más fuerte, más participada, más solidaria, más equitativa y que proteja de una forma eficaz a las personas con necesidades propias de su condición de vulnerabilidad. Toda mi experiencia laboral como psicólogo clínico y mi paso por responsabilidades en la gestión de lo público me han llevado a creer en esta metodología.
Cuando hace ya casi un año tomé posesión del acta de consejero responsable del Área de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, mi hoja de ruta y prioridades han apuntado de forma clara hacia un fin principal: proteger el interés común de los servicios públicos, especialmente los dirigidos a la población más vulnerable como son las personas dependientes de Lanzarote y La Graciosa, y a la vez devolver la confianza quebrada a las entidades de utilidad pública del denominado Tercer Sector.
En consonancia con este objetivo, una de las primeras medidas que adoptamos cuando tomamos las riendas del Gobierno insular, con el presidente Oswaldo Betancort al frente, fue firmar un documento de carácter contractual transitorio con las entidades sin ánimo de lucro y de reconocida trayectoria que durante décadas han gestionado servicios públicos en nuestras dos Islas, como primera medida para ofrecerles amparo jurídico y restaurar la relación de colaboración.
Unas entidades que históricamente venían desempeñando un rol muy destacado y necesario en la cooperación y gestión de servicios para la atención a la dependencia, a las que el anterior grupo de gobierno dirigido por Dolores Corujo abandonó, relegándolas a la precariedad más absoluta, dejando a cientos de profesionales, a sus familias y a las personas dependientes en un contexto de sangrante inseguridad y desoyendo el clamor de una sociedad que salió a la calle en contra de la privatización de esos servicios.
El Convenio por la Paz Social que firmamos en septiembre pasado con AFA, Adislan y El Cribo con el fin de restablecer la coordinación y el trabajo conjunto entre la máxima institución insular y dichas entidades, que atienden en su entorno más inmediato a cerca de 300 personas dependientes, fue la antesala a los cuatro conciertos sociales que presentamos en el Cabildo el pasado 5 de junio.
Dotados con una financiación de 35,5 millones de euros para los próximos 7 años estos cuatro conciertos sociales garantizarán la gestión de la residencia de discapacidad intelectual, el programa de viviendas en comunidad en el sector de la salud mental, el centro de rehabilitación psicosocial y el servicio de promoción para la autonomía personal en mayores, de manera estable y ubicando el cuidado y la atención a las personas dependientes en el centro y eje de todo el sistema.
Y será así no sólo porque el Concierto Social valora la trayectoria en la atención a estas personas vulnerables de las entidades que históricamente han gestionado servicios públicos bajo criterios de calidad y con valores, empatía y cercanía de manera acreditada, sino porque además el Cabildo mantendrá al proveedor el abono de las plazas aun no estando ocupadas, permitiendo así a la entidad el mantenimiento de la estructura organizativa de los servicios que presta.
Hoy Lanzarote y La Graciosa pueden celebrar el cumplimiento del compromiso adquirido por Coalición Canaria de garantizar la prestación de los servicios sociales de manera cualificada en ambas Islas y el restablecimiento de la relación de colaboración con aquellas entidades que de forma histórica, y amparadas en el principio fundamental de subsidiariedad, han actuado allí donde la Administración no había podido llegar.
Un cumplimiento materializado a través del Concierto Social como opción más idónea para ofrecer una solución estable y ajustada a las necesidades y peculiaridades de los servicios a las personas dependientes de Lanzarote y La Graciosa, amparado por la normativa europea, y que limita la gestión de los servicios exclusivamente a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, eliminado la concurrencia de empresas mercantiles con ánimo de lucro.
Porque, tras décadas de satisfactoria experiencia, en ambas Islas hemos constatado sobradamente que la participación del Tercer Sector en el Sistema de Bienestar para la gestión de los Servicios Públicos es la manera ideal de proteger el interés común, garantizando una correcta gestión de los mismos atendiendo al interés general y a su consideración de servicios esenciales, fundamentales para las personas y colectivos más vulnerables.
Finalizo agradeciendo a todo el tejido asociativo de Lanzarote y La Graciosa la labor abnegada que realizan día a día trabajando por una sociedad más justa, y al personal del Área de Bienestar Social e Inclusión porque si empezábamos esta andadura con muchas ganas de cambiar el rumbo del anterior mandato, marcado por el desprecio a las entidades de utilidad pública y los desencuentros, las y los profesionales de esta Área me recuerdan cada día con su dedicación y esfuerzo que estamos en el camino correcto.
