Lanzarote, 21 de abril de 2025.- En primer lugar, quiero lamentar profundamente que sea la hija de unos de los denunciados -por Astrid Pérez, en nombre del Consejo de Administración de los Centros Turísticos (CACT)-, un empresario ya fallecido, quien haya seguido insistiendo en remover esta causa, pero no he sido yo quien eligió volver a ser objeto de titulares en medios de comunicación.
SOBRE EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
– Tras las consideraciones y hechos que rezan en el correspondiente Auto, la Sala de lo penal ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación contra el auto de archivo de la denuncia contra mí, dejándolo sin efecto, ordenando la DEVOLUCIÓN DE LA ACTUACIONES AL INSTRUCTOR A FIN DE QUE CONTINÚE CON LA TRAMITACIÓN QUE PROCEDA.
– Al respecto, ni yo ni mis servicios jurídicos estamos en disposición de explicar cuál es “la tramitación que procede” ahora, pero dada mi condición de cargo público en las Cortes Generales y el impacto mediático del Auto, me veo en la necesidad de hacer las siguientes consideraciones públicas:
– El Auto, a pesar de admitir el recurso contra el archivo de mi causa, devolviendo la causa al juez instructor que la archivó, contiene varios aspectos novedosos, a mi entender muy positivos que refuerzan mi inocencia.
– Por primera vez –que yo recuerde– se admite de forma clara y nítida que no fui yo quien presentó la denuncia, es decir, que no fui el denunciante -sino Astrid Pérez ejecutando un acuerdo colegiado del Consejo de Administración de los CACT– al contrario de lo que errónea y paradójicamente aseguraban: en primer lugar la denuncia contra mí, en segundo término el propio auto de apertura de juicio del juez Jerónimo Alonso, y por último el escrito de acusación de la Fiscalía. Estaban equivocados los tres en algo que considero sustancial en la causa que nos ocupa.
– Luego entendiendo que en modo alguno puedo ser ni siquiera juzgado por haber interpuesto una falsa denuncia que no puse, solo cabría ser juzgado por falso testimonio. Pues bien, al respecto de mi testimonio, ya adelanto que repetiré exactamente las mismas verdades que ya declaré como testigo. Primero ante la UCO en el marco de la Operación Unión, luego en los juzgados tras la denuncia de los CACT, y más recientemente ante el Supremo. Esto es, que YO TRASLADÉ LO QUE FUE CONTADO y ni ASTRID PÉREZ como denunciante (la primera testigo a la que llamaré si hay juicio) ni el Director Económico y Financiero de los CACT (en paz descanse) mintieron cuando dijeron y certificaron básicamente lo siguiente:
– Que de las tres empresas del padre de la denunciante -que facturaron entre 2007 y 2009 mas de un millón de euros a los CACT- dos facturaron más de 300.000 euros sin ningún tipo de contrato (más de 150.000 euros cada una) y que la única que tenía un contrato de 224.000 euros facturó con cargo al mismo más de 733.000 euros, saltándose la Ley de Contratos y las instrucciones de contratación de la empresa.
– Que el sobreprecio que facturaron las tres empresas, y que se pudo comprobar, fue de al menos 176.000 euros sobre el precio de mercado, según un peritaje judicial encargado por uno de los jueces instructores que tuvo el caso.
La diferencia entre mi testifical y la denuncia de los CACT es que yo no precisé cantidades ni aporté certificados, pero Astrid Pérez sí presentó el certificado oficial que adjunto con este comunicado del Director Económico y Financiero que acredita lo dicho. Y por otra parte el peritaje también adjunto, que acredita los sobrecostes de casi 200.000 euros sobre los precios de mercado fue solicitado por el propio juez instructor y debería constar en autos.
Por último, quiero recordar que fue la máxima autoridad económica y financiera de los CACT, y no yo, quien declaró de manera expresa en sede judicial, y en relación con estas empresas, que “advirtió a Carlos Espino de estar haciendo contrataciones ilegales por saltarse la Ley de Contratos del Sector Público y las instrucciones de contratación”, entre otras gravísimas acusaciones.
Aclaración: ni Coalición Canaria, ni yo, compartimos nunca aquel archivo, y lo recurrimos, pero el enésimo juez instructor, con buen criterio, impidió nuestra personación porque los grupos políticos del Cabildo no tienen capacidad para hacerlo, salvo que te llames Pedro San Ginés y el instructor sea precisamente el propio Jerónimo Alonso que abrió esta causa, como ocurrió con PODEMOS y el caso de Montaña Roja, donde sí les permitió personarse y terminó abriéndome un juicio que nunca debió celebrarse, según la Audiencia Provincial, del que salí igualmente absuelto.
CONCLUSIÓN
Lo verdaderamente grotesco de todo esto es que el que el único que esté denunciado y sentado en el banquillo por falsa denuncia y falso testimonio sea yo. No quien supuestamente cometió los delitos denunciados, no quien verdaderamente presentó la denuncia -que dicho sea de paso tampoco debería estar por eso- ni quien teniendo la máxima responsabilidad económica en los CACT -dicho sea también de paso, cumpliendo con su deber- certificó y testificó realizando gravísimas acusaciones que afectaban directamente a las empresas del padre de la ahora denunciante solo contra mí, que ni interpuse la denuncia, ni me atreví a tanto como testigo. Prueba palmaria de que esta denuncia contra mí “es la verdadera falsa denuncia y la única que sí responde a intereses puramente políticos promovidos por Carlos Espino y el PSOE de Lanzarote”.
