Los Servicios Jurídicos del Cabildo confirman “la desaparición de los Libros de Actas del Consejo de Administración de INALSA”, con el fin de imputarme.
- Dolores Corujo ocultó al Juzgado nada menos que la escritura notarial de elevación a público ante notario del acta del Consejo de Administración para la contratación de Calatayud, de cuya celebración dudaron el Juez de Instrucción y la propia UCO, a quienes indujeron al error
- Aparece la convocatoria desaparecida de la Asamblea del Consorcio de Agua, y de cuya existencia duda el Juzgado de Instrucción, firmada nada menos que por José Juan Cruz y Marcial Martín, ambos entonces alcaldes del PSOE
- Aparecen las ocultadas Instrucciones de Contratación de INALSA, aprobadas por Carlos Espino y Manuela Armas, que dan cobertura legal a la contratación de Calatayud
- Un inquietante informe del gerente del Consorcio concluye que el mismo no está recogido en la plataforma electrónica ni tiene registro de salida “por indicación de la Sra. presidenta”
- Confirmo además la ocultación a la Asamblea del Consorcio de dos informes jurídicos vitales (*), por parte de Dolores Corujo, para incriminarme, tal y como fue publicado recientemente por un medio de comunicación que ha sido denunciado y vetado por el PSOE y la presidenta del Cabildo
El Juzgado de Instrucción Nº 2 cursó requerimiento en agosto de 2021, “reiterado” en enero de 2023, (DOC 1 y 2) solicitando los aparentemente inexistentes: 1) Libros de Actas de las sesiones del Consejo de Administración de INALSA, 2) Convocatoria de la Asamblea del Consorcio de 10 de enero de 2010, 3) Instrucciones de Contratación de INALSA. Contrariamente a lo aparente, la verdad es que:
1 – La directora adjunta de los Servicios Jurídicos del Cabildo y secretaria del Consejo de Administración de INALSA puso en conocimiento de los Juzgados (DOC 3) que “los Libros de Actas de los años 2009, 2010 y 2011 del Consejo de Administración de INALSA no se encuentran depositados en el Archivo General ni en las dependencias del Consorcio de Aguas de Lanzarote”, y de que “había informado de ello al Consejero y a la Presidenta”, sin que ésta haya dado una explicación al respecto, tal vez porque estén en las gavetas del despacho de Carlos Espino o de la propia Dolores Corujo.
2– Finalmente aparece la desaparecida convocatoria de la Asamblea del Consorcio de Agua que reclama el Juzgado de Instrucción (DOC 2) -que ha dudado de su existencia y que sepamos aún no ha sido aportada- firmada nada menos que por José Juan Cruz y Marcial Martín, ambos alcaldes entonces del PSOE, (se adjunta DOC 4-Foto), Asamblea cuya celebración certificó el exsecretario General del Cabildo.
3– Aparecen finalmente las Instrucciones de Contratación de INALSA que Corujo ocultó en la toma del acuerdo de la Junta de INALSA y de la Asamblea del Consorcio para ejercitar acciones contra Pedro San Ginés. Es decir, no estaban en la documentación aportada para la preparación de la reunión y la toma de decisiones en la misma, por parte de los alcaldes miembros de la Asamblea, a pesar de ser el documento esencial que regula los procedimientos y la normativa por la que se rige la contratación de INALSA que se pretendía denunciar.
La razón, tal y como ha sido denunciado en los Tribunales, no fue otra que la voluntad de Corujo de ocultar a los miembros de la Asamblea lo dispuesto en el artículo 6 de las Instrucciones de Contratación que dice: “los contratos que celebre INALSA son contratos privados y están sometidos a la Jurisdicción Civil” (DOC 5). En la misma línea se pronuncia el informe de la directora adjunta de los Servicios Jurídicos (de cuya ocultación a la Asamblea y al Juzgado informaba recientemente un medio de comunicación) que añade en sus conclusiones que “los procedimientos de contratación de la entidad mercantil INALSA en el año 2010 estaban sometidos al derecho privado y mercantil, por estar en Concurso de Acreedores y serle de aplicación la legislación mercantil” según el fundamento tercero (DOC 6), es decir no cabe la prevaricación administrativa.
En efecto, los contratos de INALSA no eran un asunto administrativo y por tanto no era posible la prevaricación administrativa que Dolores Corujo quería denunciar a toda costa, y dado que tanto las instrucciones de contratación como el informe jurídico eran un obstáculo para ello, había que esconder a la Asamblea de alcaldes ambos documentos contrarios a su espurio objetivo de incriminarme falsamente. Finalmente ambos documentos fueron aportados al Juzgado por los Servicios Jurídicos del Cabildo, a requerimiento del Juez.
Lo curioso del caso es que dichas Instrucciones de Contratación fueron aprobadas el 12 de febrero de 2009 en un Consejo de Administración presidido por Manuela Armas e integrado por Carlos Espino, entonces secretario general del PSOE.
“Extremadamente inquietante”
No obstante todo lo anterior, lo que resulta verdaderamente inquietante de todo este asunto, es que el oficio judicial de 2021 requiriendo los Libros de Actas, cuando la causa aún era secreta para todos -para todos menos para Dolores Corujo, quien ya desde entonces barruntaba en los plenos los problemas judiciales que yo tendría porque los pergeñaba en secreto- fue recibido en persona y firmado de puño y letra por la presidenta del Consorcio, María Dolores Corujo Berriel, antes de ser siquiera pública la denuncia.
Y para mayor inquietud de los investigados, el informe del gerente al respecto de ese oficio concluye textualmente con lo siguiente: “el presente informe se firma de manera manuscrita, no recogiéndose en la plataforma de administración electrónica ni realizando registro de salida, por indicación de la Sra. presidenta” (DOC 7).
En efecto, consta el informe adjunto del gerente del Consorcio cuando la causa era secreta para todos menos para Corujo, en el que dice “no poder aseverar la existencia o inexistencia de acta de la reunión del Consejo de Administración para la contratación de Calatayud de 18 de enero de 2010”, cuya certificación de los acuerdos adoptados había sido incluso elevado a público ante notario, como seguidamente se expone. En lugar de aportar el libro de actas requerido aportó sólo actas sueltas, pero los libros sí que existieron, tal y como demuestran documentos remitidos vía mail 2 meses antes de la denuncia, concretamente el 27 de mayo de 2021 por la Administración del Consorcio del Agua a los Servicios Jurídicos del Cabildo, y en los que se “cuela” una fotocopia de un acta realizada del propio Libro de Actas (¡vaya!, ¡ahora desaparecido!) precisamente donde figuraban las ocultas instrucciones de contratación de Espino que me exoneraban.
Por último, Dolores Corujo ha ocultado al Juzgado nada menos que la escritura notarial de elevación a público ante notario del acta del Consejo de Administración para la contratación de Calatayud (DOC 8), de cuya celebración dudó el Juez de Instrucción y la propia Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO), a quienes esta escritura demuestra a la postre que indujeron al error.
Y para finalizar, me pregunto ¿denunciará Doña Dolores Corujo a todos los medios de comunicación por informar a la ciudadanía de la desaparición de los Libros de Actas que certifican sus propios Servicios Jurídicos, y de la ocultación tanto a la Asamblea del Consorcio como a los Juzgados de cuantos documentos les acabo de mostrar que existían antes de la denuncia?
Asimismo, pido a la parte sensata del Partido Socialista que después del 28 termine con esta violencia política y con el uso institucional para acabar con sus adversarios políticos de una manera tan burda y cruenta.
