En relación con la información publicada en varios medios de comunicación tras la nota de prensa del Cabildo, emitida a las 13.30 horas de este jueves 12 de enero, copiando literalmente la supuesta noticia publicada a las 7.30 horas por lavozdelanzarote.com con su interpretación sobre el archivo de la querella contra Dolores y Juan Manuel Sosa, consideramos necesario matizar una serie de aspectos que ayudarán a entender el fondo de una información que se ha tergiversado por completo, sin facilitar el auto, que nosotros sí aportamos.
- Ni David de la Hoz ni Pedro San Ginés mintieron cuando dijeron que Corujo y Sosa estaban siendo investigados. Este segundo auto de archivo de diligencias es en sí mismo la prueba de que la denuncia había sido admitida a trámite y ambos estaban siendo investigados, pues de lo contrario en el primer auto de apertura de diligencias, la denuncia habría sido directamente archivada, que es lo que ocurre cuando ante una denuncia un juez no aprecia indicios de delitos (se adjunta de nuevo el primer auto de apertura de diligencias).
- Distinto es que en ese primer auto del que se desprende claramente que el juez sí apreció indicios de la posible comisión de delitos, como pueden leer (“Los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación y prevaricación…”, dice literalmente el auto), la primera diligencia fuese consultar a la Fiscalía sobre el Juzgado competente, y finalmente haya considerado que los delitos fueron cometidos, en todo caso, en base a Resoluciones emitidas por funcionarias de una Consejería con sede en Santa Cruz de Tenerife, y por tanto es en esa isla y no en Gran Canaria donde debiera instruirse esta causa por malversación de fondos para pagar a un tránsfuga.
- En definitiva, el archivo de la denuncia no se ha producido por la no apreciación de indicios de delitos, como pretende hacer creer La Voz de Lanzarote y el gabinete de prensa del Cabildo, que copió la noticia, y por ende el resto de medios, por tratarse de un comunicado oficial de la institución, si no por falta de competencia.
- Dolores Corujo tendrá que explicar, aunque no quiera, por qué engañó al tribunal suplantando los informes del director de los servicios jurídicos del Cabildo, por otros externos y favorables a Juan Manuel Sosa, encargados a Agustín Domingo Acosta, copropietario del medio de comunicación anteriormente citado.
- Dolores Corujo tendrá que explicar también por qué propuso que fuese el Cabildo quien con fondos públicos devolviese al Gobierno y con carácter retroactivo los cobros indebidos de Sosa; propuesta que contó con el contundente reparo de legalidad de la Intervención del Cabildo, que se reproduce casi íntegramente en este auto de archivo como pueden leer (se adjunta el segundo auto).
- Por su parte, el gobierno de Ángel Víctor Torres tendrá que explicar por qué, después de informar en tres ocasiones que quien tiene que pagar es el Cabildo y que habría que “tramitar un expediente para proceder al reintegro de las retribuciones” tal y como recoge el auto judicial adjunto, sigue pagando a Sosa un sueldo de médico al que no tiene derecho, y lo que es peor, siguen sin requerir el reintegro al que obligan los propios informes de Función Pública, como también reproduce el auto de archivo.
- Los fondos malversados y cobrados fraudulentamente por el tránsfuga Juan Manuel Sosa con la complicidad de Dolores Corujo para mantenerse en el poder, ascenderían a la cantidad aproximada de 200.000 euros, dietas y comisiones del Cabildo de Lanzarote aparte.
- A nuestro juicio, todo esto ha ocurrido porque aunque los tránsfugas no tienen derecho a sueldo, Dolores Corujo le necesitaba imperiosamente en su gobierno en minoría, y eso solo era posible si le mantenía el sueldo de médico que tenía como portavoz de CC, aproximadamente el doble del que habría cobrado como consejero liberado por el Cabildo.
