Artículo de opinión
Pedro San Ginés. Portavoz Adjunto del Grupo Nacionalista CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote
Prometí que trataría de no dar más ruedas de prensa para responder a cada uno de los capítulos del vergonzoso serial que me dedican día tras día ciertos medios de comunicación y, si no fuera porque la cosa es muy seria, me daría hasta la risa al leer las barbaridades que, elaboradas por Carlos Espino y Dolores Corujo, se publican sin contrastar jamás con los afectados, y no porque yo me niegue sino porque sólo parece interesar la versión de quien paga la noticia.
Sobre la supuesta e inmensa fortuna en inmuebles, coches, motos y barcos que he acumulado robando durante mis diez años de Presidencia, casi toda adquirida antes de ser presidente y de la que aún debo gran parte, ya hice público el vídeo titulado “mi fortuna en imágenes” (enlace vídeo), que vale más que mil palabras.
Sobre mi “investigación por pertenencia a organización criminal, fruto del avance de las pesquisas”, según aseguran, también expliqué como las pesquisas lejos de avanzar en incriminarme en nada, revelan que han pinchado en hueso. No tienen caso y el término jurídico “organización criminal” siempre se aplica cuando los investigados por supuesta corrupción simplemente son más de dos.
La penúltima sandez que se ha publicado en estos días asegura que “todos los miembros del Consejo de Administración de INALSA han negado que se celebrara la sesión” en que se nombró a Ignacio Calatayud como abogado de la mercantil en el concurso de acreedores en que estaba inmersa, “desmintiendo la celebración de la misma”, lo cual es rotundamente falso. Ver para creer.
La verdad es bien distinta y la pueden leer ustedes mismos en todas las declaraciones adjuntas (ver documento 1), porque yo sí tengo la sana costumbre de apoyar siempre mis argumentos en pruebas, y es que lo único que han manifestado los miembros del Consejo de Administración de INALSA es no recordar lo ocurrido hace doce años, cosa bien distinta y hasta lógica, si me apuran. Lo que sí negaron dos de ellos, y yo mismo en sede judicial, es que la sesión se celebrase en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote, y es que efectivamente en ese espacio no se realizan ni consejos ni reuniones, ni de INALSA ni de ningún otro organismo, tratándose simplemente de un lapsus del secretario sobre el lugar de celebración de la sesión, probablemente acostumbrado a celebrarlas en el salón de actos de INALSA.
Ahondando en el disparate, esos medios aseguran que he falseado la certificación del Consejo de Administración de INALSA en el que se designó a Ignacio Calatayud, basándose simplemente en que los asistentes dicen no recordarla –algunos no recuerdan ni haber sido miembros de un Consejo al que asistieron muchas otras veces– además de en que, por una parte, la certificación de dicho acuerdo solo la firma el secretario con el visto bueno de la Presidencia, como todas las certificaciones, por otra, en que no aparece el acta en sí en los archivos de INALSA y, por último, en que Calatayud no estaba ese día en la isla.
Sobre la desaparición del acta de los archivos de INALSA, no me extraña nada desde que Carlos Espino controla todo en el Cabildo, incluida a Dolores Corujo, porque ya son varios los documentos que se han sustraído de los archivos de INALSA, con tan mala suerte para sus espurios intereses que estos finalmente han aparecido provenientes de otros juzgados, como ya se demostrará.
El escándalo, amén de esas sustracciones, es que Corujo y los denunciantes han ocultado a la justicia que la certificación de dicho acuerdo fue elevada a público ante notario, no por mí sino directamente por el propio secretario del Consejo, como demuestro en el documento adjunto (ver documento 2).
Otro dato fundamental que tampoco cuentan esos mismos medios entregados a la causa de inhabilitarme, es que el secretario del Consejo de Administración de INALSA, antes de su triste fallecimiento imputado por esta vendetta política sin escrúpulos, también declaró y ratificó ante la UCO la celebración de dicho Consejo y la asistencia de todos sus miembros (ver documento 3).
Pero lo más insólito de todo lo publicado últimamente es que la UCO asegura que Ignacio Calatayud no estaba en Lanzarote, sino en Madrid, ese día 18 de enero de 2018. Desconozco si Calatayud tomó un avión a Madrid ese día, pero de lo que sí tengo certeza absoluta es de que por la mañana estaba en Lanzarote. La tengo porque además de la referida certificación del secretario del Consejo elevada a público, existe una segunda prueba irrefutable y omitida tanto por la UCO como por los voceros de la espinosa causa socialista, y es que una hora antes del Consejo de INALSA se había celebrado otra sesión de la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas (precisamente la que nombró a los miembros que asistirían una hora después al referido consejo de INALSA) a la que, además de Calatayud, asistieron otros cinco alcaldes y dos tenientes de alcalde, tal y como reza el acta que se adjunta, suscrita en este caso por el propio secretario del Cabildo, actuando como secretario del Consorcio (ver documento 4).
Es decir, que Calatayud no sólo estuvo ese día en el Consejo de INALSA, sino que además también estuvo en la Asamblea del Consorcio cuyo acta está suscrita nada menos que por un funcionario habilitado nacional, y ya van dos secretarios que corroboran la presencia de Calatayud en la isla ese día ante unas veinte personas que ya veremos qué declaran ante el juez, amén de otros datos que ya se darán a conocer y que demostrarán, sin género de duda, el clamoroso error de las fallidas pesquisas.
Sobre el supuesto cese, en lugar de la efectiva renuncia de Cobo Plana como anterior letrado de la concursada, ya he demostrado que Cobo, como mínimo, se confundió gravemente cuando declaró ante el juez que su reclamación de ochenta mil euros registrada ante el Juzgado de lo Mercantil el día 9 de octubre (ver documento 5) obedecía a que ya había sido cesado por mí como presidente.
Y se confunde, sin género de duda, por la sencilla razón de que yo entonces no era presidente, además de que la renuncia de Cobo fue ratificada tanto por el administrador concursal ante el juez, como por el secretario del Consejo ante la UCO, cosa que también omiten.
El día 2 de octubre de 2009 presentamos la moción de censura, el día 9 de octubre Cobo Plana reclama en los juzgados una suerte de indemnización de ochenta mil euros –renunciando así de manera voluntaria a seguir cobrando, según lo ofertado y pactado con mi antecesora en el cargo–, el día 17 de octubre tomé posesión como presidente, y días después Cobo Plana me comunicó la decisión de una renuncia que, a la vista del juzgado está que ya había decidido, e implícitamente ya había formalizado con esa reclamación previa, antes de mi toma de posesión. Esa es la verdadera secuencia de los hechos probados.
Sabía que Carlos Espino, Dolores Corujo y su gabinete eran capaces de cualquier cosa con tal de eliminarme como adversario político, pero jamás pensé que utilizaran hasta tal punto lo que la progresía de este país ha acuñado como “las cloacas del poder”. Una vergüenza que, con la perspectiva que nos dará mi segura absolución en toda esta enorme patraña, pasará a los anales de la intrahistoria política de Lanzarote como un episodio de auténtica vergüenza para la democracia y el noble ejercicio del periodismo de verdad.
